viernes, 15 de mayo de 2009

FUJIMORI, EL VRAE Y LA PROTESTA INDÍGENA

Por: Pilar Arroyo R.P. Instituto Bartolomé Las Casas

De los múltiples acontecimientos del mes, hemos escogido tres para nuestro comentario: la condena a Fujimori, el VRAE y la protesta indígena amazónica.

I.- CONDENA A FUJIMORI

Como ya se ha escrito mucho al respecto, nos limitamos a señalar lo siguiente:

1.- Qué se ha juzgado

Es conveniente recordar que el juicio no ha sido de todo su gobierno, como nos quieren hacer creer muchas personas, sino que ha estado restringido a su responsabilidad en cuatro cargos: las ejecuciones extrajudiciales de Barrios Altos (3 de noviembre de 1991), La Cantuta (18 de julio de 1992); y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti (5 de abril de 1992)y del empresario Samuel Dyer (27 de julio de 1992).

Los jueces hallan “responsabilidad penal de Alberto Fujimori en su condición de autor mediato a través de un aparato organizado de poder” y por ello lo condenan a 25 años de prisión. Es así que se dice que:

+ Queda demostrado también que Fujimori tuvo mando militar efectivo sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y como consecuencia de ello ha quedado comprobado que “emitió órdenes directas, verbales e ilegales a elementos militares en actividad y todas esas órdenes fueron ejecutadas inmediatamente”.

+ Queda demostrado que en los casos de La Cantuta, Barrios Altos y los secuestros de Gorriti y Dyer Fujimori dio la orden respectiva. Cómo adelantándose a las objeciones de sus partidarios, la sentencia señala que en crímenes de Estado como estos jamás hay órdenes escritas o registro de ellas, y por eso los tribunales (no sólo peruanos sino internacionales) recurren a lo que llaman la “consistencia, concurrencia y multiplicidad de las pruebas indiciarias” (1).

+ Por ello en el párrafo 650 de la sentencia se concluye que: "Estos crímenes, por su modalidad, extensión, frecuencia y calidad de los ejecutores, inserción en los organismos de inteligencia militar del Destacamento Especial de Inteligencia Colina y características de la misión encomendada, así como por la cantidad y características de las personas afectadas, deben calificarse de crímenes generalizados y sistemáticos, propios de una violencia organizada desde el aparato estatal".

Los crímenes por los que ha sido sentenciado el ex Presidente Fujimori están considerados delitos o crímenes de “lesa humanidad”; por lo que cualquier juez en cualquier parte del mundo puede iniciar un juicio al respecto. Este tipo de crímenes no prescribe. Iván Montoya (ex jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría ad hoc) señala que “De acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma, entre los delitos que son considerados como ‘crimen de lesa humanidad’ están el de asesinato, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, y desaparición forzada, entendiendo este último como la "aprehensión, detención o secuestro de personas por un Estado o una organización política" (2).

2.- Importancia para el país

Nos parece importante resaltar lo que dice W.Ardito: “Uno de los méritos del juicio a Fujimori es que pudo realizarse pese al poder que su entorno conserva en el Congreso, en varios medios de comunicación y en un sector de la opinión pública” (3).

Y como afirman los de Justicia Viva, en el artículo anteriormente citado “La sentencia condenatoria a 25 años impuesta por la Sala Penal Especial presidida por el magistrado César San Martín Castro es una decisión judicial que marca un precedente a nivel internacional en cuanto al juzgamiento de crímenes de lesa humanidad y la responsabilidad de los jefes de Estado en la comisión de aquellos”.

También es importante señalar que la sentencia es un respaldo a la labor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que en su Informe Final afirma que La CVR posee indicios razonables para afirmar que el presidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos y altos funcionarios del SIN [Servicio de Inteligencia Nacional] tienen responsabilidad por los asesinatos, desapariciones forzadas y masacres perpetradas por el escuadrón de la muerte denominado “Colina” (Conclusiones Generales n.100).

3.- No eran terroristas

Los partidarios del ex Presidente Fujimori y muchas personas más (sobre todo en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional) parecen considerar válido que se ejecute sin juicio previo a los que ellos consideran terroristas. No toman en cuenta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos (suscrita por el estado peruano) dice que toda persona tiene derecho a la vida y a su integridad física, y que toda persona es inocente, hasta que se demuestre, en un juicio con todas las garantías legales, su culpabilidad.

Es por eso que otra reacción frente a la sentencia, que explícitamente señala que las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta no eran terroristas, ha sido publicitar las declaraciones de un antiguo profesor de La Cantuta, José Antonio Vallejo Vidal, quien afirma que el profesor Hugo Muñoz (uno de los muertos en La Cantuta) “era el responsable político de la secta senderista y que recorría el campus con su ´guardia de corps´, integrada por un grupo de estudiantes, entre los que se contaban algunos de los desaparecidos”.

Esta versión de Vallejo ignora que un reconocido experto en lucha anti-subversiva, el Coronel Benedicto Jiménez (responsable de la captura de Abimael Guzmán) señaló en el juicio a Fujimori que los estudiantes de La Cantuta murieron por cantar Flor de Retama (4). Ese simple hecho bastó para que la “inteligencia militar” los considerara terroristas y procediera a secuestrarlos y eliminarlos. La abogada de las víctimas de La Cantuta, Gloria Cano señaló que "cualquiera puede culpar a los muertos, porque ellos no pueden hablar".

Como señala W. Ardito “algunos líderes políticos y militares insisten en que es imposible combatir el terrorismo respetando los derechos humanos. La verdad es que desde las masacres sistemáticas de campesinos realizadas en tiempos de Fernando Belaúnde hasta la ejecución de la familia Pichardo, cometida en septiembre pasado, (RP 223) las violaciones a los derechos humanos en nada contribuyen a debilitar a los grupos terroristas. Eso sí, contribuyen al descrédito de las Fuerzas Armadas en las zonas afectadas” (5)

4.- Reacción de la Opinión Pública

Luego del intento de manipulación de la encuestadora CPI, ha quedado claro con la Encuesta Nacional de Ipsos-Apoyo, publicada por el Diario El Comercio el 19 de abril del 2009, que la mayoría de la Opinión Pública considera al ex Presidente Fujimori culpable de los cargos que se le imputan.

Es así que

+ 26% lo considera culpable, y considera que debieron condenarlo a más de 25 años de prisión,

+ 19% lo considera culpable y considera que la pena de 25 años que se le ha dado es correcta.

+ 25% lo considera culpable, aunque considera que se le debió dar una pena menor, tomando en cuenta el hecho de que el ”Perú estaba en guerra contra el terrorismo y que en una guerra siempre se comenten excesos”

Dicha encuesta nos dice que sólo un 27% lo considera inocente y sólo un 3% no opina

La cifra de los que lo consideran inocente casi coincide con la cifra (25%) de los que estarían dispuestos a votar por su hija, Keiko Fujimori, para la Presidencia en las elecciones del 2011. Como sabemos Keiko ya ha iniciado su campaña presidencial. Gustavo Gorriti nos dice que: “El único título que aporta Keiko para su candidatura es el de representante de su padre, y la misión central de su campaña es la de abrirle la puerta de la celda primero y luego la del poder” (6).

El respaldo a Fujimori viene de diversos sectores sociales y tiene diversos motivos:

+ Buena parte del sector empresarial lo considera el arquitecto de la bonanza económica que vivió el país entre el 2002 y el 2008.

+ Un sector de la opinión pública considera que nos libró del terrorismo senderista, y en ese contexto los excesos cometidos son comprensibles. Este sector ignora que “La captura de Guzmán y la cúpula senderista fue obra del GEIN de la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional (…) todas las capturas y las pistas que condujeron a apresar a Guzmán fueron obtenidas por el GEIN sin asesinar ni torturar a nadie, y sin disparar un solo tiro. E independientemente del SIN y del aparato militar (…) el GEIN fue desarticulado tres meses después de la captura de Guzmán como represalia por no haber informado a Fujimori y Montesinos que estaban tras los pasos del cabecilla terrorista” (7)

.+ Y otro sector está muy agradecido por las obras que realizó durante su gobierno y la cercanía que les demostró. Para ellos, las cosas malas de que se le acusa a Fujimori (violaciones de derechos humanos, corrupción etc.) fueron obra de Montesinos.

II.- LOS ACONTECIMIENTOS DEL VRAE

Esta zona, ubicada en los Valles del Río Apurímac y Ene, en las regiones de Ayacucho, Apurímac y Junín (con límites con Cusco y Huancavelica ) ha estado desde la segunda semana de abril en el centro de la agenda nacional, luego del atentado en Sanabamba, Ayahuanco (Huanta) que costó la vida de 15 soldados (uno de ellos menor de edad) emboscados por los rezagos de Sendero Luminoso (SL).

Algunos de los puntos más discutidos al respecto han sido:

1.- La estrategia del gobierno, llamada Plan Excelencia 777, iniciada en agosto del 2008 (8)

Muchos sostienen que al estar basada en una concepción puramente militar no toma en cuenta que la solución también requiere una mayor presencia estatal. Pero incluso desde una perspectiva puramente militar se han cometido importantes errores, como han dado cuenta los medios de comunicación durante el mes. Se ha mandado tropa sin experiencia de combate, mal apertrechada (por falta de presupuesto) y sin información clave de inteligencia. Todo ello ha permitido a Sendero sortear con relativa facilidad la ofensiva y proteger sus columnas moviéndolas del lugar hacia zonas como la llamada “Oreja de perro” en La Mar (Ayacucho).

También se ha criticado que no se halla actualizado el conocimiento sobre los rezagos de SL en esa zona. Se señala que no sólo han cambiado el discurso sino, que hoy tienen una íntima relación con el narcotráfico. José Carlos Agüero resume bien la crítica a la estrategia gubernamental “mezcla en sus objetivos dos problemas distintos: la subversión y el narcotráfico, sin enfrentar ninguno de los dos de modo integral (…) Sin una lucha frontal contra el narcotráfico, y propuestas económicas viables alternativas, las acciones tendrán poco impacto” (9)

.2.- El respeto a los Derechos Humanos de la población

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), en su Informe Anual 2008, señala que en muy corto tiempo el operativo en el VRAE ha producido “denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales y desplazamiento forzado de población, hechos que hacen recordar el pasado de conflicto armado interno vivido por el país hace apenas unos años”.

La Coordinadora lo atribuye a un “Personal militar con escasas habilidades para enfrentar el problema respetando estándares de derechos humanos. Esto debido a su poca experiencia y capacitación, la juventud de la tropa y la falta de directivas claras desde el comando para poder distinguir a la población campesina de la subversiva” Pero también a la “ausencia de autoridades democráticas, responsabilidad militar, nula vigilancia civil y de medios” La CNDDHH afirma que esto evidencia “una incapacidad para aprender de experiencias dolorosas del pasado reciente, olvidando, por ejemplo, recomendaciones concretas dadas al respecto por la Comisión de la Verdad y Reconciliación” (p.58).

Lamentablemente el gobierno no ha reaccionado positivamente a estas críticas. Por ejemplo, el Ministro de Defensa, Antero Flores Araoz, respondió que toda la población de Vizcatán era terrorista y que las críticas lo que buscan es favorecer al narcotráfico y/o al senderismo y minar la moral de la tropa, obstaculizando su trabajo.

3.- La necesidad de una solución integral

Como dice la Defensora del Pueblo “en la medida en que el Estado ponga colegios, agua, luz y tenga una política agraria y de desarrollo en la zona, es decir, con inversión social, el enemigo retrocederá” (10). Del mismo parecer es la CNDDHH. En el informe anteriormente mencionado sostiene que se requiere “promover soluciones estructurales a los problemas de la región, otorgando alternativas de desarrollo viables, que actúen como límites a las pretensiones de hegemonía del narcotráfico y el senderismo, restablezcan el estado de derecho y brinden a la población oportunidades para el goce de sus potencialidades”(p.60).

No olvidemos que el VRAE es

a) una importante cuenca cocalera. Naciones Unidas afirma que casi el 50% de las 110 000 toneladas de hoja de coca que produce el Perú salen de allí;

b) una zona de extrema pobreza,

c) una zona con presencia armada del narcotráfico. Agüero afirma que “El negocio del narcotráfico aparece acá como el elemento aglutinador de voluntades, tanto de los subversivos, como de los campesinos, los DECAS, los traficantes y las autoridades locales”; a pesar de la violencia endémica que genera pues “El narcotráfico tiene como armas la corrupción y la violencia. Los sicarios no siempre están bajo contrato de los narcotraficantes; mientras esto no ocurre, se dedican a la delincuencia común: roban, extorsionan, secuestran, violan” (pp. 52-53).

d) de rezagos de Sendero Luminoso desde hace 20 años. La fuerza principal de Sendero estaría conformada por unos 400 a 600 combatientes con amplia experiencia (aunque Rospigliosi sostiene que no son más de 150); conocimiento del terreno y mucho dinero, fruto de su incursión en el negocio de la droga, pero también del cobro de cupos a empresas madereras, mineras, energéticas y taladores informales. Ostentan también una gran capacidad de fuego, pues cuentan con armamento de corto y largo alcance, municiones y explosivos; los cuales le son provistos por traficantes de armas que operan en la zona.

Pero en el VRAE también hay negocios de maderas, minería, hidrocarburos, carreteras, y agricultura de exportación. En ese contexto los rezagos de Sendero Luminoso se presentan como garante de la economía de la zona y han abandonado su viejo discurso anti empresarial. Agüero afirma que “Su nuevo discurso enfatiza que promueven los cultivos, que no están contra la empresa que da trabajo, y se resiste a las políticas de erradicación violenta. Paralelamente, redujo sus atentados al mínimo. El Nuevo PCP-SL no es el mismo que fue derrotado en los 90 del siglo pasado, se distingue a nivel de su ideología, su composición y también dirigencias.” (p.53)

Agüero afirma que “Vale, no obstante, no exagerar su importancia. Según todas las evidencias, se trata solo de una amenaza local, sin posibilidades de expandirse fuera de esta zona El PCP-SL no es un peligro nacional pero, al parecer, las redes de narcotráfico sí. En los últimos meses de 2008 se ha asistido a cierta escalamiento de acciones de amedrentamiento en las ciudades, incluyendo Lima. Esta tendencia, que incluye presencia de sicarios, ha empezado a hacer sentir cierta voluntad de restringir el control estatal sobre el tráfico, inhibiendo las investigaciones de fiscales y jueces (p.55)

4.- Si el problema es de terrorismo o de Narcotráfico

El gobierno, el fujimorismo y algunos otros sectores tienden a señalar que el problema principal es el terrorismo y privilegian la presencia de las Fuerzas Armadas para combatirlos. Incluso se habla de reactivar la alianza con las rondas, que tan buenos resultados dio en la lucha antisubversiva anterior.

Sin embargo, otros como el Jefe de DEVIDA (Comisión para el Desarrollo y Vida sin Drogas), Rómulo Pizarro y diversos analistas como F. Rospigliosi, J. Antezana, G. Gorriti, C. Tapia etc. señalan que estamos frente a un problema de narcotráfico. Se afirma que “En esta enorme producción de droga participan remanentes senderistas de dos maneras: como sicarios del narcotráfico o como firmas que pertenecen a la cadena de producción. Por ello, para defender este negocio, que mueve millones de dólares, los narcotraficantes, incluidos los remanentes senderistas, utilizan los medios necesarios para detener al Estado (…)Lo que existe en la zona del VRAE es un problema de narcotráfico articulado con remanentes de SL” (11)

5.-La necesidad de ponerle la puntería a los insumos químicos.

Como alguien dijo, sin insumos no hay droga. Sin embargo, sólo se incauta a la fecha el 2% de las 35 mil toneladas de los insumos químicos usados en el narcotráfico. Dichos insumos son: ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, carbonato, cal y kerosene. Salvo la cal todos son trasladados desde la Costa a zona del VRAE, por lo que como afirma un Editorial de La República hay “una gran red de complicidades que se moviliza para trasladarlos a los valles cocaleros (…) Sin estas complicidades sería imposible que tan enorme cantidad de químicos llegue a destino” (12).

III.- LA PROTESTA AMAZÓNICA

El 9 de abril las poblaciones indígenas de la Amazonía iniciaron un paro general indefinido demandando la derogatoria de una serie de decretos leyes que consideran atentan contra sus derechos colectivos ancestrales:

+ 1020: que promueve la consolidación de la propiedad rural para el crédito agrario

+ 1064: que aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario, incluyendo en ella a las tierras agrarias con recursos forestales. Dicho decreto elimina la negociación previa al establecimiento de las servidumbre mineras, petroleras, gasíferas y otras.

+ 1080: que al modificar la ley de semillas deja abierta la puerta para la entrada de semillas transgénicas.

+ 1081: Que regula el uso del agua a través del Sistema Nacional de Recursos hídricos, eliminando las autoridades autónomas de Cuenca, y tienden a excluir “a los pueblos indígenas, pues no contemplan medida alguna que proteja el acceso de éstos a dichos recursos” (13)

.+ 1089: Que otorga a la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) la responsabilidad de formalización y titulación de predios rurales. La CNDDHH Considera que este decreto, junto con el 1064 “Genera incentivos hacia la parcelación de los territorios comunales, especialmente aquellos que carecen de un reconocimiento formal de la administración o de inscripción registral de sus títulos”

Pero además, la Coordinadora señala que “Según el mismo COFOPRI existen por titular 935 comunidades campesinas y 182 comunidades nativas; sin embargo, desde que se inició el proceso de fusión, no se ha expedido ninguna resolución de titulación a favor de comunidad alguna. En cambio, el COFOPRI está otorgando títulos a predios individuales (parcelas)”. Sabemos de sobra el motivo, los títulos individuales facilitan la venta de las tierras.

+ 1090: Ley Forestal de Fauna Silvestre. Para la CNDDHH esta ley limita a las

comunidades el acceso a sus bosques y a los recursos naturales que los conforman”.

Dichos decretos leyes fueron dados durante el primer semestre del 2008 por el gobierno aprista al amparo de las facultades concedidas por el Congreso para adecuar nuestra legislación al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

En opinión de la CNDDHH el “Gobierno peruano ha venido otorgando a terceros derechos sobre tierras y concesiones para exploración/explotación de

recursos naturales, poniendo en grave riesgo la subsistencia de los pueblos indígenas”. De la misma opinión son los obispos de la Selva. En febrero de este año manifestaron que “El actual modelo de desarrollo, basado principalmente en las actividades extractivas, amenaza la diversidad biológica y cultural de la Amazonía. Este modelo discrimina y excluye las culturas amazónicas, prioriza los intereses económicos por encima de la persona y los grupos humanos y no favorece la distribución equitativa de los bienes. El 50% de la población amazónica se encuentra en condiciones de extrema pobreza”(14).

Debido a que el mes ha sido pródigo en acontecimientos, esta vez la protesta no ha tenido la cobertura de prensa que sí tuvo la anterior protesta de agosto del 2008. Fue justamente en esa ocasión que se nombró una comisión Comisión Multipartidaria del Congreso, presidida por la congresista Gloria Ramos, para revisar las leyes anteriormente mencionadas. La Comisión concluyó su labor señalando que las leyes anteriormente mencionadas deben ser derogadas. Sin embargo, han pasado 7 meses y el dictamen no ha sido discutido en el Pleno del Congreso. Y lo que es peor en ese lapso el gobierno a emitido la ley 29317 que profundiza el problema, por lo que los indígenas amazónicos se sienten burlados.

A la fecha la protesta liderada por la AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) ha privilegiado (al igual que en agosto del 2008) el uso responsable de la fuerza y no la violencia. Es así que se han bloqueado carreteras y vía fluviales, se han tomado diverso tipo de instalaciones (Estación n. 6 del oleoducto Nor Peruano, el Aeropuerto de Atalaya etc.) y se ha respetado la propiedad pública y privada y la integridad física de las personas. Sin embargo, nos preocupa que la duración de la misma (lleva ya más de 25 días) pueda ocasionar algunos brotes de violencia. Por ello consideramos importante una rápida atención a sus requerimientos.

Volver al blog de la Mesa Óscar Romero




1) “La Histórica Sentencia contra Alberto Fujimori” en Justicia Viva,16 de abril del 2009.

2) Entrevista de Patricia Caycho. Caretas Nº 2074, jueves 16 de abril del 2009.

3) W. Ardito “ Algunas Precisiones“ en Reflexiones Peruanas n. 248.

5) W. Ardito “Algunas Precisiones” en Reflexiones Peruanas 248.

6) “La Naúsea y la Resaca” en Caretas 2075, 23 de abril del 2009.

7)F. Rospigliosi “Verdad y mentira” en Perú 21, 6 de enero del 2008.

8) En nuestra entrega de Octubre del 2008 nos referimos a ella (pp. 6-7).

9) J.C. Agüero “Situación De Derechos Humanos en la Zona del VRAE-Vizcatán” en CNDDHH Informe Anual 2008. El díficil camino hacia la Ciudadanía (Lima, abril 2009) p. 55

10) B.Merino, Entrevista en La República 20 de abril del 2009.

11) “En el VRAE está el narcotráfico” en Otra Mirada Informe N°27, 23/04/2009. En: http://blog.otramirada.pe/

12)“Droga e insumos” Editorial de La República del 25 de abril del 2009

13)Todas las citas de esta sección son tomadas de la monografia “Situación de los Pueblos Indígenas en el 2008” (pp.151-158) que forma parte del Informe 2008 de la CNDDHH. La monografía ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, conformado por Asociación Paz y Esperanza, Asociación Pro Derechos Humanos(APRODEH), Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, Instituto de Bien Común, Oxfam América, Servindi, CARE - Perú, Amnistía Internacional.

14) “Valor y desarrollo de los pueblos de la Amazonía peruana. Pronunciamiento de los obispos de la Selva”, 6 de febrero del 2009 reproducido en Páginas 213 (marzo 2009) p.79.

Volver al blog de la Mesa Óscar Romero


No hay comentarios:

Publicar un comentario